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Vuelta al centralismo político

18 de febrero, 2014

admin/La Voz de Michoacán

José René Olivos Campos

El pasado 10 de febrero se publicó el decreto de reforma que modifica 28 artículos constitucionales con 21 artículos transitorios en materia político-electoral, con lo que cambiará el sistema político mexicano en diversas dimensiones, pero que mantiene el régimen dominante del sistema de partidos políticos; alterará las atribuciones, organización y funcionamiento de los órganos electorales; así como los procesos y procedimientos de nombramiento y remoción de autoridades electorales federales y locales; la reelección de los cargos públicos en el gobierno federal y local; los órganos de procuración de justicia; entre otros aspectos de relevancia política.

Con la reforma política a inicios del sexenio, hacen creer que es otro avance en esta materia. No obstante, lo cierto que en aras de fortalecer un eficaz sistema democrático, se construye un sistema autoritario, centralista y de privilegios que garantiza los derechos de los partidos políticos y establece nuevas reglas del juego político que los favorecen.

Algunas muestras de la reforma constitucional permiten dar cuenta de las prerrogativas que gozaran los nuevos gobernantes que serán electos dentro del régimen constitucional del sistema de partidos políticos y sin que se beneficie a los gobernados, con lo que se cambiará el régimen jurídico en que se basa la “democracia en México”.

En la nueva ingeniera constitucional político-electoral se instituye la reelección federal y local que tiene por base al sistema de partidos políticos. Los senadores podrán ser reelectos una vez y los diputados federales hasta por cuatro ocasiones por el o los mismos partidos que los postularon, a menos que hayan perdido o renunciado a su militancia a la mitad de su cargo. Se deja que los legisladores constituyentes permanentes de los estados de la República expidan las reformas constitucionales locales para que consignen la reelección hasta por un periodo los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como de los diputados locales por cuatro ocasiones, para sumar 12 años como límite. Con lo que es de esperarse de que los actuales gobernadores y diputados de los estados pronto presenten las iniciativas en esta materia para estar acordes con esta reforma que favorece a todas luces a los partidos políticos y sus candidatos. Esta es la nueva visión política y jurídica para gobernar a México, desde las legislaturas federal y local.

Como complemento a esta fórmula de reelección política, aprobada por los partidos políticos a través de sus fracciones parlamentarias federales y locales y publicada por el Ejecutivo Federal, se crea un órgano denominado Instituto Nacional Electoral (INE) que absorbe al casi extinto Instituto Federal Electoral, prácticamente desacreditado por los propios partidos políticos. La elección de los nuevos consejeros del INE estará a cargo de la Cámara de Diputados, entiéndase, como antes ha sucedido con el IFE, las fracciones parlamentarias harán el reparto de quienes serán los consejeros y estos a su vez, realizarán funciones de los organismos electorales de los Estados, los cuales además perderán su calidad de autónomos, cuya dependencia comprenderá, entre otras, la designación de los consejeros de los organismos electorales de cada entidad federativa.

Esto es el nuevo control político-electoral desde el gobierno federal a través de dicho INE y mediante los Consejeros de los Estados que son los responsables de la organización, realización de las jornadas electorales, de la vigilancia y supervisión de lo que hacen los partidos políticos. Con lo que las entidades federativas carecerán de autonomía para gobernar en esta materia y en consecuencia la voluntad política de los ciudadanos dependerá de la voluntad política federal. Tendremos “encomenderos o virreyes” político-electorales en cada entidad federativa. Confiaremos, los ciudadanos, las decisiones políticas electorales al gobierno federal a través del poder del nombramiento de Consejeros de los organismos públicos locales electorales, que contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y 6 consejeros electorales.

Esta es la cantidad y forma en que se organizaran quienes tomen las decisiones que habrán de atender a los requerimientos de las cúpulas de los partidos políticos nacionales.

En suma, con esta reforma constitucional político-electoral, no se modificó ningún derecho a favor de los ciudadanos, restringió las facultades de los gobiernos de los estados y amplió los plazos que pueden durar los gobernantes.

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