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Transparencia y opacidad

11 de febrero, 2014

admin/La Voz de Michoacán

José René Olivos Campos

El pasado 7 de febrero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, con las que se propone modificar los deterioros que han prevalecido en materia de transparencia, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en la protección de los datos personales, con lo que los legisladores federales y locales tendrán que realizar las modificaciones a las leyes reglamentarias conforme a los cambios producidos a los referidos artículos constitucionales, lo que será una nueva generación legislativa ante el fracaso de las políticas, normas jurídicas y cambios administrativos adoptados a siete años de aprobada la reforma al artículo sexto de la Constitución Federal, publicada en el año 2007, a doce años de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, publicada en el año 2002, y a diez años de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como de los institutos de transparencia y acceso a la información como órganos garantes de los estados.

Esta nueva generación de reformas y adiciones constitucionales establece diversos cambios institucionales en la materia de transparencia, como son:

1) Ingresa a nuevos sujetos obligados a dar transparencia de sus actuación, como son los partidos políticos, los sindicatos y los fideicomisos o cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, que antes no eran considerados como sujetos obligados, además de considerar también como sujetos obligados a cualquier autoridad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos deben preservar los archivos administrativos actualizados y publicados en medios electrónicos, con información completa y actualizada sobre el ejercicio de recursos públicos y los indicadores;

2) Instituye un órgano autónomo constitucional especializado, cuyas características son: que sea imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Pero se excluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la competencia de dicho órgano autónomo, cuyos casos se resolverán mediante un Comité integrado por tres Ministros, lo que nos parece que no debería ser debido a que forma parte de un poder público que debiera someterse al escrutinio de dicho órgano autónomo;

3) Establece un sistema centralista de la transparencia al facultar, a dicho órgano autónomo, como revisor garante federal respecto de los fallos de los órganos garantes estatales y Distrito Federal cuando no sean favorecidos los particulares, con lo que éstos últimos dejan de tener la capacidad de plena decisión y pueden ser objetadas, lo que es contrario al principio federal del respeto de los ámbitos de competencias entre la Federación y los estados; en todo caso convendría que el órgano garante federal conociera de todos los casos, de los estados y la Federación, debido a que las resoluciones del órgano garante federal son vinculatorias, definitivas e inatacables, los recursos estatales para los órganos garantes locales, bien podrían ser destinarán a otros requerimientos;

4) Se consigna que dicho órgano garante federal se integrará por siete comisionados, con ello se aumentan los comisionados que serán nombrados por la Cámara de Senadores, que sólo podrán ser objetados por el Ejecutivo Federal, cuyo cargo será de siete años. El aumentar comisionados no se justifica en términos de que esto garantice independencia y autonomía en sus decisiones. Más bien lo que ocurre es la perversión al quedar los comisionados subordinados a la designación del Senado, cuyos nombramientos habrá de concluir en el reparto que realicen las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos. Con lo que este nuevo órgano garante para la transparencia se origina con perversiones como ya ha ocurrido en otros órganos autónomos constitucionales, como en el Instituto Federal Electoral próximo a extinguirse, en que incluso por no ponerse de acuerdo las fracciones de los partidos políticos careció de Consejeros, que fue un factor que condujo al fracaso y la crisis de credibilidad de dicha institución. Lo recomendable sería que fueran electos por insaculación, cuidando desde luego el perfil, la idoneidad y trayectoria profesional por un órgano ex profeso y que acredite tales características de profesionalidad.

También la opacidad de la transparencia habrá de agregarse cuando se trate de asuntos de seguridad nacional. En momentos que la impunidad, la inseguridad y los altos índices de criminalidad aumentan. Es de esperarse que haya de ahondarse la existencia de la opacidad en el poder judicial, en el sistema de procuración de justicia y con los cuerpos de seguridad, la policía investigadora, peritos y custodios de los centros penitenciarios, cuando se prevé el recurso de revisión que pueden interponerse por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, cuando se considere “daño directo y trascendental a la seguridad nacional”, lo que deja una amplia discrecionalidad sino se acota normativamente esta prescripción, con lo que los fallos definitivos del órgano garante federal podrán ser revocados bajo tal supuesto y se dejará sin efecto el derecho a conocer la información pública de la persona que lo hubiera solicitado y hubieran fallado a su favor.

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