Supresión del fuero

Ha sido posible dar un revés a la impunidad que se derivaba del fuero. Para la historia y el anecdotario quedarán aquellos acontecimientos en los que se burló la ley por el fuero o se hizo gala de esa inmunidad en situaciones hasta cómicas.
La vieja demanda social de eliminar el fuero ha sido posible en la Cámara de Diputados este martes. Lo que arroja esta decisión, que deberá ser validada por los senadores, es que la vida de los funcionarios de alto nivel debe ser más prudente y de respeto a la ley, en forma irrestricta.

A partir de que entre en vigor la reforma, salvo la figura presidencial, todos iguales ante la ley, como cualquier otra persona común. A partir de senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, ministros de la corte, magistrados federales, magistrados estatales, jueces, regidores y cualquier otro servidor público que hasta ahora podía refugiarse en el fuero y no responder de sus actos, son bajados de la escalera del poder y puestos a nivel de piso.

La vida política debe cambiar. El fuero legislativo se conservó, lo que está plenamente justificado. Pese a que muchos legisladores abusan de ese fuero y bloquean las deliberaciones. Ese es un costo que hay que pagar. Pero una vez fuera de sus recintos, deben medir lo que dicen, lo que hacen y a quien atacan. Ya no más prepotencia de los legisladores. Que si están ligados con la delincuencia organizada y se sabe, vayan directitos a la cárcel, porque hasta antes de esta modificación se tenía que llevar a cabo un juicio de procedencia por sus mismos pares. Y eso en escasas ocasiones ocurría, como con Jorge Díaz Serrado hace tiempo y Julio César Godoy Toscano más recientemente.

A los legisladores que tienen la función de aprobar las leyes generalmente no les han hecho caso, y no se les podía exigir nada por el famoso y desprestigiado fuero. Si aprobaban una ley para regular el hábito de fumar tabaco en lugares públicos, durante las mismas deliberaciones se les veía fumar sin mayor preocupación.

Ese ha sido el problema del país, que la mayoría quiere que se cumpla la ley, pero en los bueyes del compadre. El nuevo enfoque es alentador, no obstante que la figura presidencial conserva la inmunidad.

La oposición está molesta porque la figura presidencial no puede ser tratada igual que cualquier otro mexicano. El problema es que los críticos de la medida caracterizan en Enrique Peña Nieto la inmunidad legal. Los legisladores que votaron por esa excepción están en la razón. No se trata de una persona, se refiere a la figura política en sí misma. Al país no le conviene disminuir todavía más el rango presidencial. Las consecuencias serían desastrosas. Hay que verlo con detenimiento para llegar a esa sensata conclusión.

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