Senador panista condenó atentados

Astrid Herrera / La Voz de Michoacán


El senador de la República, Marko Antonio Cortés Mendoza, condenó los atentados registrados en Morelia la noche del 15 de septiembre durante la celebración del Grito de Independencia, que tuvieron saldo de al menos ocho muertos y más de 100 heridos, según reportes de las autoridades estatales y demandó que los tres niveles de gobierno aceleren los trabajos tendientes a cumplir con los compromisos signados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para establecer penas más severas contra delincuentes y funcionarios que se coludan con ellos.

"Los michoacanos estamos de luto. Lamentamos el terrible acontecimiento suscitado la noche de este 15 de septiembre en el Centro de nuestra ciudad de Morelia, porque éstos hechos son acciones directas de la delincuencia organizada contra la sociedad michoacana y contra cualquier ciudadano".

Marko Cortés manifestó su indignación por los hechos, así como su solidaridad con todos los afectados con el atentado, además de sus más sentidas condolencias hacia los familiares de los fallecidos y lamentó que "gente buena, sin deberla ni temerla, haya perdido la vida o haya resultado herida sólo por haber decidido salir de sus casas a querer pasar una agradable noche mexicana y escuchar de viva voz el Grito de Independencia".

De la misma forma, indicó que es reprobable que a los michoacanos ya no sólo nos preocupe la exigencia por el derecho de piso por parte de los grupos delincuenciales y el miedo a la extorsión o al secuestro, sino también al terror por atentados en lugares públicos.

En opinión del representante popular emanado del Partido Acción Nacional (PAN) es urgente que los poderes del Estado, tanto en México como en Michoacán, aceleren el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

"Es una necesidad apremiante que el gobierno del estado, en coordinación con Federación y municipios, depure y evalúe los ministerios públicos y los cuerpos policíacos; que a los que no pasen las pruebas de inmediato se les dé de baja y a los que sí acrediten los exámenes de confianza se les equipe con buena tecnología de comunicación y armamento; que se mejore la capacitación y  adiestramiento, que se mejoren sustancialmente las prestaciones a los elementos de seguridad de las diferentes corporaciones policíacas, para que éstos quieran su trabajo y lo cuiden, pero además que con él puedan vivir dignamente sus familias".

Como senador por Michoacán, Marko Cortés solicitó respetuosamente al Poder Judicial del Estado que aplique las sanciones y las penas más duras que la ley prevé, contra acciones que vulneren la paz social y contra acciones violentas y sangrientas de la delincuencia, y al Congreso del Estado pidió que en coordinación con el Poder Judicial analice la posibilidad de endurecer las sanciones y penas a los delincuentes, a los policías, ministerios públicos y funcionarios públicos, que informen o participen con bandas delictivas, y que éstos vayan a prisión, además que por ley nunca más puedan formar parte del servicio público.

También propuso que se acelere la nueva legislación penal con juicios orales transparentes donde los procesos puedan ser observados por cualquier ciudadano interesado y se blinde a los jueces y magistrados contra la corrupción, extorsiones y amenazas; así como también que se evalúe de manera más estricta su desempeño.

"Es urgente que se pongan los candados necesarios para que por vacíos de ley delincuentes no puedan salir bajo fianza o logren sentencias cortas, porque desafortunadamente nuestro sistema penitenciario, más allá de readaptar al delincuente, lo profesionaliza como tal, ocasionando en la mayoría de los casos que cuando purgan su sentencia, vuelvan a cometer nuevos y más graves delitos".

Para Marko Cortés, apoyados en la denuncia y en la información que proporcionen los ciudadanos,  el reto de los tres poderes en Michoacán y en México es lograr con inteligencia policíaca y militar detener las bandas delictivas; que las procuradurías con profesionalismo y rectitud integren de forma correcta y suficiente los elementos y evidencias de cada asunto; que el Legislativo endurezca la ley como medida al endurecimiento de las acciones delictivas y que el Poder Judicial con dureza aplique las mayores sanciones.