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Representación y sociedad

5 de enero, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Francisco Valdés Ugalde

Se critica a la democracia por ser “representativa” en vez de “participativa” o “directa”, pero el verdadero valor de la democracia es, precisamente, que sea representativa.

En la genealogía del pensamiento democrático, como lo muestra Nadia Urbinati (Representative democracy, 2006) se ha desenvuelto una disputa de tres siglos en la que han participado titanes como Rousseau y Kant, Hobbes y Locke, Condorcet, Hamilton y Paine. La idea de gobierno y democracia representativos proviene de las innovaciones introducidas por la revoluciones americana y francesa. Tanto de las concepciones teóricas y normativas como de las prácticas de los fundadores de los primeros sistemas democráticos derivan varias conclusiones de importancia. Empiezo por las “negativas”.

Contra lo que sostenía Rousseau, el pueblo soberano sólo puede autogobernarse mediante la elección de representantes que ejercen el poder en su nombre, mientras que los ciudadanos-electores realizan su vida civil. La intervención directa en las decisiones por parte de éstos, así como el recurso continuo a la consulta plebiscitaria son o imposibles o degradantes de la auténtica representación democrática. ¿Por qué? La democracia directa fue una práctica realizada ejemplarmente en Grecia antigua, pero el grupo de “ciudadanos” que intervenía en el ágora estaba limitado a unos cuantos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros (metecos) estaban excluidos de la asamblea. Ello hacía relativamente fácil que un reducido grupo tomara las decisiones “directamente” y, así, se fundiera en la práctica con los gobernantes. En sociedades de masas en las que el sufragio se extiende universalmente a todos los adultos, la práctica de la democracia directa en el gobierno del Estado es impracticable.

Por otra parte, el recurso continuo a la autorización del soberano sobre decisiones y políticas facilita la agregación espuria de intereses locales o grupales inmediatos y pasa por encima de los auténticos canales de la deliberación. Pongo un ejemplo que ha sido traído a colación en los últimos tiempos: la contraposición entre reelección inmediata y revocación de mandato. La ventaja de la primera es que cada vez que se agota el periodo de un gobernante, éste debe acudir al electorado para someterse al juicio de su desempeño previo y dar razones para continuar en el puesto; razones que serán juzgadas por los ciudadanos. Éstos decidirán si lo reeligen o no, teniendo a la mano competidores que, a su vez, se encargarán de exhibir los defectos del oponente y sus propias virtudes. Algunos de los que se oponen a este método proponen la revocación de mandato. Sin embargo, si se piensa un poco en ello la desventaja resulta obvia: ¿cuánto tiempo se llevará reunir las firmas para, por ejemplo, remover a un alcalde, cuando razonablemente esto ocurriría cerca de las elecciones en las que podría ser removido? Por su economía, la reelección inmediata supera con creces la revocación.

Admitiendo la validez de los motivos para apelar a formas de participación directa o plebiscitaria en las decisiones de gobierno para remediar los defectos de la democracia representativa, estas fórmulas equivalen a tomar el toro por el rabo y no por los cuernos.

La democracia representativa tiene dos dimensiones principales en la relación entre ciudadanía y gobierno. Por un lado está la ya mencionada: los gobernantes son electos y, en su caso, removidos por los electores. Por el otro está la debida comprensión de lo que se entiende por “representación”. Creo que aquí esta la distorsión mayor. Dos son sus fuentes, una teórica y otra práctica. La primera deriva de las concepciones minimalistas de la democracia que asignan al soberano únicamente la función de elegir. Para ellas, ahí termina la representación y no regresa hasta la siguiente elección. La fuente práctica de esta deformación proviene de la configuración actual de la opinión de los ciudadanos, dominada por grupos de interés apoderados de los medios electrónicos de comunicación, que son los medios dominantes en las audiencias masivas.

Ambas deformaciones conspiran contra la democracia representativa pues extirpan e inhiben sistemáticamente la opinión genuina, informada y culta de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos de la agenda pública. Esta opinión debería ser un flujo continuo a través de sus representantes, principalmente legislativos (lo que abarca no solamente a los parlamentos, sino también a los cabildos y otros cuerpos deliberativos). De ambas deformaciones emana una pauperización de la democracia representativa. A ellas se agregan los sistemas de partidos excesivamente fuertes y poco responsables frente la opinión ciudadana.

Si hubiera voluntad para representar genuinamente a la sociedad en sus diferentes sectores de opinión, los partidos deberían reformarse en este sentido y la Legislatura debería modificar los obstáculos a la formación de la opinión ciudadana, en vez de enredarse en utopías regresivas.

 

@pacovaldesu
Director de Flacso en México

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