Madero y Zambrano, ¿de qué están hechos?

Javier Corral
Se ha dicho que la reforma de las telecomunicaciones, es la prueba de fuego para los actores que han suscrito el Pacto por México. Lo es sin duda para el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene el reto de demostrar hasta dónde se deslindará de la dinámica de colusión de intereses que ha marcado la relación entre el poder y los dueños de la televisión. En su caso, agravado por la hipoteca mercantil celebrada sobre todo con Televisa. También le representaría una oportunidad si realmente quiere gobernar al país, y no sólo ser un administrador de los intereses estrictos, de las decisiones tomadas por el puñado de hombres de negocios que mandan en México, y de los que la televisión es su cañón más poderoso.
Sin embargo a nadie comprometerá y expondrá más la iniciativa que surja del mecanismo del Pacto en el tema de telecomunicaciones y radiodifusión que a Gustavo Madero y Jesús Zambrano, porque ellos han hecho —arriesgando la imagen de sus partidos— una apuesta casi total por el pacto a partir de reformas como ésta. Es que, en efecto, de la manera en que se aborde la reforma de este estratégico sector dependerá la viabilidad de las restantes reformas en el acuerdo político. Si bien la reforma educativa tocó temas esenciales, no le dio al pacto fuerza entre la opinión pública, porque estuvo lejos de las expectativas anunciadas por el propio Peña Nieto en su discurso de toma de posesión, cuando habló de acabar con las plazas hereditarias.
La prueba mayor es para Madero y Zambrano porque en la negociación que realicen con el gobierno mediremos hasta dónde llega el compromiso por democratizar los medios electrónicos y emparejar el terreno de la principal arena en la que hoy se libra la disputa por el poder. Nos permitirá apreciar si participan para transformar de fondo instituciones y estructuras, o se prestarán para lavarle la cara a Peña Nieto con propuestas adocenadas o descafeinadas, como advierten críticos al pacto, desde sus propias filas.
Los dos dirigentes han construido al interior de sus partidos una justificación para concurrir al Pacto: está destinado a combatir los males del anquilosamiento político, el subdesarrollo económico y la desigualdad social, entre éstos la acción de los poderes fácticos en los que el PRI basa gran parte de su modus operandi. La misma introducción del acuerdo lo señala: “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
La reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sólo mostrará si este enunciado es pura demagogia o la piedra angular de la legitimidad del Pacto, también nos dirá de qué están hechos Madero y Zambrano cuando de enfrentar los grandes intereses multimillonarios y poderes fácticos se trata.
No será difícil saberlo en cuanto conozcamos la iniciativa. Los elementos esenciales que debe contener la reforma están más que explorados y discutidos en México a lo largo de la última década y son fruto del impulso académico y social; impulso que se colocó siempre a la vanguardia mientras la clase política se replegaba medrosa y cobarde, o lo que es peor, socavando los intentos o jugando al esquirolismo político. Es grotesco que algunos de esos que en los años recientes actuaron como enemigos acérrimos de la reforma de medios, ahora pretendan erigirse en los propietarios de la discusión.
Tanto la Amedi como otras organizaciones sociales que saludaron de inmediato la suscripción del pacto, han trazado los aspectos medulares de la reforma y por ello vale la pena que tanto Madero como Zambrano los revisen antes de poner su firma junto a la de Peña.
Pienso que estaremos ante una buena iniciativa si se modifican los dos ejes esenciales en que se articulará todo el contenido de lo que apruebe el Congreso: el régimen de concesiones y el órgano regulador. Es ya insostenible, y lo sería mucho más en el caso de Peña Nieto por su forma de operar, dejarle al Presidente la facultad de otorgar las concesiones en telecomunicaciones, radio y televisión. Esto entraña una reforma al artículo 27 constitucional para generar la primera excepción en materia de concesionamiento de bienes de la Nación y dotársela al órgano regulador. En ésta lógica se requiere de un órgano constitucional plenamente autónomo, integrado por personas de elevada solvencia moral, especialización técnica e independencia política. Tampoco tendría que intervenir el Presidente en esa integración, pues si los propone o los ratifica, terminan a él debiéndole el cargo.
El principal exceso del duopolio de la televisión no sólo está en la concentración de frecuencias, sino en el uso gansteril de la pantalla para amenazar, chantajear, difuminar, borrar o calumniar a todo aquel que se opone a sus abusos. La impunidad en esta materia debe ser combatida. La reforma debe brindar los derechos básicos de toda audiencia a contenidos de calidad y veraces. Y por supuesto una iniciativa equilibrada; donde se toque por igual a las dos vertientesdel sector: los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los concesionarios de la radiodifusión. Orientar una reforma en contra de uno sólo de los actores dominantes, sería un engaño de consecuencias funestas. Pero, esperemos, a ver que nos traen de resultados en sus negociaciones Madero y Zambrano.

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