Jaque Mate: SIN AMPARO

Sergio Sarmiento
“La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.”
Barón de Montesquieu

No me hago ilusiones. Las modificaciones a la Ley de Amparo han sido ya acordadas por los poderes políticos. El Senado simplemente aceptará las enmiendas hechas por los diputados. Ésa es la instrucción de los líderes. El capítulo está cerrado.
La nueva legislación contiene algunos avances, como el que se pueda proceder contra omisiones y no sólo contra actos de la autoridad, el que uno pueda promover un amparo aunque no sea afectado directamente por una ley o acto de gobierno, el que puedan concentrarse amparos similares ante un solo juez, el que se obligue a los tribunales a adelantar ciertos proyectos de sentencia, el que se eliminen los amparos múltiples y se vean todos en una misma sentencia, el que la acumulación de cinco sentencias en un mismo sentido pueda llevar a una declaración de inconstitucionalidad y el que se puedan procesar ciertos amparos de manera urgente.
Estoy en desacuerdo, en cambio, con la prohibición a los amparos contra reformas y adiciones a la Constitución. Esto abre una caja de Pandora. Si se aprueba una enmienda constitucional que viole las garantías individuales, y que despoje por ejemplo de derechos a los judíos o a los chinos, no habrá defensa posible.
Es también inaceptable que se niegue a ciertos grupos el derecho a una suspensión provisional en un juicio de amparo. Esta disposición viola para empezar el principio de igualdad ante la ley. El nuevo texto busca dejar sin defensa a los concesionarios “de los bienes del dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución” en conflictos con el gobierno. Afecta así a mineras, aerolíneas, bancos, empresas de telefonía, radiodifusoras, televisoras, empresas de transporte, pescadores y hasta operadores de taxis (aclaración de interés: yo colaboro para TV Azteca y Grupo Radio Centro, ambos concesionarios).
El gobierno busca impedir que las empresas de telecomunicaciones defiendan sus intereses con amparos. Me dicen que una reforma a fondo que elimine las barreras de entrada y las inequidades del sector sería imposible sin esta limitación. Yo en lo personal estoy a favor de un aumento en la competencia, pero pienso que una ley que deje a ciertos gobernados en estado de indefensión jurídica ante actos de la autoridad no solamente es peligrosa sino que viola los fallos sobre México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eliminar la suspensión hace virtualmente imposible la defensa contra ciertos actos de autoridad. Si el gobierno decide cancelar o no renovar una concesión, como Hugo Chávez ha hecho repetidas veces en Venezuela, la falta de una suspensión haría imposible restablecer la condición previa al acto cuestionado después de un juicio de amparo que puede durar varios años.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. ha lanzado una voz de alerta contra una reforma que “podría constituirse en un obstáculo para la aplicación de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada desde el mes de junio de 2011”. La nueva ley “no solamente amplía la enumeración de casos en los que se impide el otorgamiento de la suspensión respecto de actos del Estado, sino que abre la puerta para que las autoridades emitan actos que no cumplan con la obligación de estar fundados y motivados”.
La nueva Ley de Amparo otorga enormes poderes al gobierno. Espero que quienes hoy la aplauden, porque piensan que el gobierno la usará en contra de sus rivales, no se quejen si llega a utilizarse en su contra y descubren que se les ha dejado en estado de indefensión.