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Escándalo en la Corte

6 de marzo, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Es lugar común la desconfianza de los ciudadanos por la deficiente procuración e impartición de justicia. En México, se sabe, la justicia tiene precio, al grado de que no pocos desconfían de los propios ministros de la Corte.

Y no falta razón a esos ciudadanos si se toma en cuenta que, de tanto en tanto, los ministros del máximo tribunal cometen pifias y abusos que menudean en el Poder Judicial.

El siguiente es el caso de un ministro de la Corte que pudiera estar en falta y hasta pudiera recibir beneficios económicos por su desempeño profesional en casos judiciales previos a su designación como ministro del Máximo Tribunal. Van los detalles.

Resulta que el 24 de marzo de 2009 se tramitó ante la Oficialía de Partes el juicio de amparo indirecto 336/2009, promovido por Radiomóvil Dipsa, SA de CV, por conducto de Alejandro Cantú Jiménez. El quejoso buscaba el amparo de la justicia contra actos de la Cofetel. La solicitud se turnó al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en el DF, en donde ingresó el 25 de marzo de ese 2009.

Es un expediente de más de 300 fojas oficio, de considerable complejidad y que, sin embargo, el juez respectivo dictó acuerdo, en el que admitió la demanda, el mismo 25 de marzo. Lo curioso es que en el expediente incidental del juicio de amparo se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados el mismo 25 de marzo de 2009. Y el 2 de abril de 2009 se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. ¿Y qué quiere decir todo lo anterior?

En castellano significa que el mismo día que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del DF recibió la solicitud de amparo, el juez admitió la demanda, leyó las 300 fojas, entendió el conflicto y ese mismo día otorgó el amparo provisional. Quiere decir, además, que una semana después, el 2 de abril, el juez concedió el amparo definitivo, sin que ninguno de los afectados —tercero perjudicado—, se enterara. ¿Y eso a quién le importa?

Pues resulta que Radiomóvil Dipsa, SA de CV., es la razón social que ampara a Telcel, de Carlos Slim. Resulta que el amparo promovido es contra la resolución de la Cofetel, que el 9 de abril de 2009 expidió el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTI) —publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2009—, y significa que el abogado de Telcel recurrió a una “chicanada” para torcer la ley.

Quiere decir que Telcel se amparó contra la orden de la máxima autoridad de telecomunicaciones (la Cofetel) para impedir que todas las empresas de telefonía interesadas pudieran interconectarse a la red de Telmex.

Pero Telcel no sólo consiguió un amparo fast track sino que el abogado responsable de la preparación y promoción del amparo recurrió a una “chicanada” legal para agilizar el otorgamiento de la suspensión definitiva y —al tiempo—, para alargar el juicio hasta el infinito. ¿Y cual fue la “chicanada”? Que en la demanda de amparo se estableció que no existen “terceros perjudicados”. Y como en la demanda no aparece ningún “tercero perjudicado”, no hay nadie a quién notificar. Y como no había nadie a quién notificar, el amparo definitivo salió en una semana.

Todo ello a pesar de que, según la ley, los “terceros perjudicados” son “todos y cada uno de los concesionarios que exploten una red pública de telecomunicaciones, cuya concesión les permita prestar el servicio de audio y video, transmisión de datos y telefonía”. Los “terceros perjudicados” se enteraron semanas, meses y hasta años después del amparo concedido a Telcel. Hasta aquí, aún nada implica en presuntos actos irregulares a un ministro de la Corte.

Pero vale la pregunta. ¿Quién fue el “brillante” abogado que preparó y promovió la solicitud de amparo de Telcel contra el resolutivo de la Cofetel? En la primera foja de la solicitud de amparo Radiomóvil Dipsa SA de CV presenta como “autorizado en los más amplios términos del artículo de la Ley de Amparo”, al doctor “Arturo F. Zaldívar Lelo de Larrea, cédula profesional núm: 4898334”.

En marzo de 2014 se cumplen cinco años de que se otorgó el amparo definitivo a Telcel. El abogado promovente ya es ministro de la Suprema Corte, el juicio no tiene para cuándo acabar y las utilidades económicas para Telcel son cuantiosas. ¿Seguirá cobrando el ministro Zaldívar su porcentaje por el juicio de amparo? ¿No es juez y parte en materia de Telecomunicaciones? Al tiempo.

EN EL CAMINO

Bandas de colombianos y venezolanos roban y asaltan en el DF, sin que la autoridad pueda contenerlos. Sí, el crimen no tiene fronteras, ni en México ni en el mundo.

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