Poder Judicial… Opacidad y corrupción
Ernesto Villanueva


Las cosas en el Poder Judicial de la Federación van de mal en peor en materia de transparencia y rendición de cuentas. No es, en modo alguno, mi opinión particular, sino el reflejo de distintos datos extraídos de la realidad. Vamos por partes para fundamentar mi afirmación.

A propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se declaró al año 2008 como el año de la “transparencia” en el Poder Judicial de la Federación.  Los hechos indicaron que fue exactamente lo contrario. En efecto, de acuerdo al “Índice de accesibilidad a la información judicial” elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) los hechos apuntan exactamente en sentido contrario. Para el 2008, de los 35 países de las Américas, México se coloca en la posición 21 a pesar de contar con una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  De los puntos considerados del 1 al 100, México pasó del 2004 y el 2006 con el 64.5, en el 2007 reprueba con el 49.50 y en el 2008 año de la “transparencia” baja al 42.18. Del 2004 al 2008 el Poder Judicial de la Federación se ha vuelto más opaco en un 7 por ciento. Eso pone de relieve que la “transparencia” fue sólo una campaña publicitaria.

Los datos de índice del CEJA no se alejan de la realidad. Ejercer el derecho de acceso a la información pública en el Poder Judicial de la Federación es toda una odisea. Así, por ejemplo, al solicitar los documentos de los gastos de comidas de los ministros desglosado por cada uno de ellos se entregó un total con las facturas tachadas para evitar conocer donde se consumieron esas comidas o cenas que, por lo demás, no deberían tener razón de ser. ¿El trabajo de los ministros es juzgar o llevar a cabo relaciones públicas?  Los montos son altísimos, en promedio superan los 5 mil pesos. Hay uno de muchos casos, por ejemplo, donde la nota es de 17 mil 500 pesos, de un consumo de 15 mil pesos, donde hasta la propina se la incluyen al pueblo de México y así hay un sinnúmero de facturas mochas.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya es costumbre, mienten y dan cifras erróneas de los ingresos de los magistrados. Como es ya de conocimiento público ganan un promedio de 340 mil pesos netos. No se sabía, hasta ahora lo que aquí se informa, de algunas “prestaciones” confidenciales de los magistrados que no eran públicas: a) Tienen (para ajustar la devaluación del peso-dólar) 5 bonos anuales equivalentes cada uno de ellos a un salario global mensual; es decir, el sueldo asciende a 481 mil pesos libres de polvo y paja,  a fin de protegerse de las fluctuaciones del peso; b) Disponen de dos vehículos al menos, uno lo compra el TEPJF y se les da como prestación y el otro se les facilita para el desempeño de sus funciones, con un monto máximo de 400 mil pesos cada uno;  c) Además disponen de 30 mil pesos que pueden ser utilizados como su imaginación les indique, además por supuesto, de que cuentan con servicio de comedor con atención personalizada bajo dieta específica, atención a través de apoyo de logística de vehículos que los trasladan al aeropuerto o a cualquier tipo de evento que tengan a nivel nacional (independientemente de los choferes que cuentan por motivo de su desempeño en sus funciones) y donde para que no sufran tienen acceso a los salones oficiales del aeropuerto donde no pagan un centavo.

La soberbia y la adicción al poder no han dejado de actuar en un esquema donde lo único que no falta es el dinero y la corte de halagos mutuos. En un texto inédito que hasta hoy se informa aquí, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar me envío un documento para no dejar dudas sobre su propuesta de cerrar el acceso a las boletas electorales del 2006. Ejerciendo presiones y amenazas contra mí que, como se puede ver, no le han funcionado, me pidió después que no publicara dicho texto el cual estaba destinado a ser parte de un libro académico sobre las boletas del 2006. A reserva de hacer lo propio con la obra académica como era y será su finalidad, se presenta aquí el punto de partida del promotor de la opacidad judicial. Nava Gomar considera que quienes opinamos a favor de la apertura de las boletas somos ignorantes, flojos e irresponsables.  Dice Nava: “Debo reconocer haber efectuado atenta lectura de tales notas públicas firmadas por columnistas y periodistas al respecto, y expresar que la cascada de referencias sobre el proceder de la Sala Superior del TEPJF ha sido superficial al grado de compartir -a toro pasado- la razonable duda de, si la mayoría de los articulistas que le dedicaron al tema sus impresiones, habrían tenido la oportunidad de leer en extenso la resolución de comentario. A lo visto, el análisis periférico que en general se hizo público sobre la sentencia de comentario se debió a ese factor: escasa documentación sobre el cuerpo integral de la resolución.” Habrá que ver qué dicen al final del día la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

evillanueva99@yahoo.com

La Voz de Michoacán