Educación y cultura: golpeadas
María Lizalde


Algo grave sucede en este país como para que se permita ningunear a la educación y a la cultura. En medio de los desastres de guerra Estado-Narco, o las ineficiencias de la Federación para prevenir y manejar adecuadamente los desastres naturales como las lluvias que han provocado tantos y tantos damnificados, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha decidido reducir a su mínima expresión estas dos vertientes, fundamentales para acceder a un nuevo estadio de ciudadanía.

Las universidades públicas, comparadas con sexenios anteriores, han visto disminuidos su aportación presupuestal, cotejado en términos reales y no relativos, -el que se maneje una cifra mayor que en años anteriores no quiere decir nada si no se indexa los efectos de la inflación acumulada-.  Y de la cultura mejor ni hablar. Hoy es de entelequia el presupuesto destinado al fomento a las artes y la cultura.

Es de suponerse que la educación impartida por el Estado es laica y está orientada por los resultados del progreso científico; por tanto, lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, pero la derecha se impuso al Presidente al hacer laxos estos principios.

Hay casos documentados de abierto fanatismo en escuelas primarias. Casos de xenofobia, prejuicio contra gente con distinta orientación sexual, contra quienes profesan distinta religión.

Ello aunado a fallas estructurales, dan un panorama como de desastre por anticipado. El magisterio, lejos de capacitarse para ofrecer mayor calidad educativa, se ha enredado en luchas de poder que al final dejan a la población inerme ante la necesaria actualización de contenidos. Por un lado el sindicalismo, secuestrado por caciques que no dudan en movilizar mediante la coacción a cientos de miles de maestros para lograr sus fines, las más de las veces pedestres. Por el otro, el poco afán por invertir en la actualización.

Recortar presupuesto a la educación no va acompañado de medidas que combatan la fuga de recursos generados por la banalidad, el derroche institucional, y la corrupción. Estamos ciertos que nada habrá de cambiar, ni siquiera en lo operativo. Las cosas siguen estrictamente igual a más de una década de distancia.

La prioridad de modernizar la educación, descentralizarla, fue explícitamente la educación primaria, con el objetivo de universalizar el acceso a este nivel educativo, lograr la permanencia escolar y atacar el rezago. Para mejorar la calidad educativa se propuso revisar los contenidos, regresar al estudio de asignaturas y no de áreas del conocimiento, y apoyar la educación inicial y preescolar.

Ello sucedió en 1992, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que obedeció a la necesidad de superar rezagos y disparidades acumuladas, satisfacer la creciente demanda de servicios educativos y elevar cualitativamente la calidad de la educación.

Supletoriamente el Gobierno Federal activó el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), un organismo descentralizado. Sus facultades son las de investigar, desarrollar, poner en marcha y evaluar nuevos modelos educativos. Algunos de sus programas van dirigidos a los niños que viven en comunidades rurales de difícil acceso y de escasa población, a las cuales no se les ha proporcionado el servicio educativo regular.

Los instructores comunitarios son jóvenes egresados de secundaria o preparatoria que presumiblemente deberían salir del medio rural, pero son estudiantes de las ciudades a quienes se mal paga y a quienes se les pone en situación de riesgo, -hay documentadas historias de nota roja realmente de espeluzno, cuyas víctimas fueron, precisamente, jovencitas-. Y del moblaje de las aulas se quedó tan solo en el papel.

El Gobierno Federal determina los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y Normal -es decir, el magisterio- a nivel nacional, tomando en consideración las opiniones de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores involucrados. Ello no ha sucedido así. Los desencuentros entre el Gobierno Federal y el magisterio son constantes, pero quienes pagan los platos son, precisamente, los gobiernos locales.

La otra vertiente, cultura, se operó como una actividad y un producto para el autoconsumo una clase privilegiada. No fue, ni lo advertimos en este nuevo gobierno, un factor de cambio. La precariedad económica, la marginalidad y la exclusión, son fuentes en las que tiene su origen la pérdida de valores culturales.  El ser excluido no se acota en la limitación a poder acceder a niveles aceptables de bienestar. Uno de los paupérrimos valores agregados de la marginación es la desesperanza, y la casi imposibilidad de crear  condiciones que permitan superar esta condición.

La cultura es una de las vías, -junto con el proceso educativo-, para poder romper con ese círculo vicioso.  Es todavía muy común observar que sectores tocados por la fortuna, es decir los agraciados por la dinámica de una brutal desigualdad en el ingreso, consideren que los grupos menos favorecidos son atrasados, por decir lo menos. Precarios, por utilizar un término elegante. O si se atreven a no ser políticamente correctos, lo dicen con todas sus letras: nacos.

Los pobres, por su lado, se sienten ajenos a lo que pudiera llamarse los productos de una política cultural centrada en reproducir un cierto esteticismo, las más de las veces ramplón y chato.

Este desprecio cultural o franca indiferencia hacia lo que constituye las tradiciones, valores,  acerbo cultural y formas de relación de estos grupos -disfrazado muchas ocasiones de folclorismo- forma así dos mundos que jamás se complementan.  Pone en juego una desvalorización de la cultura en su acepción más amplia.

Una política cultural debería tomar en serie su papel. No se trata de administrar las carencias. Para eso no hace falta pagar salarios de miedo a la alta burocracia. Es preciso redefinir la cultura como un agente del cambio. No se logró en el sexenio anterior, y no se ha podido hacer en la mitad de este, el de Calderón Hinojosa. La única cultura que promueve este gobierno es la de la violencia…

La Voz de Michoacán


 

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