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Columna: Si Juárez no hubiera muerto

19 de mayo, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Luis Sigfrido Gómez Campos

Punto Neurálgico

Cuando se habla de “Austeridad Republicana” generalmente los mexicanos solemos recordar el ejemplo de Don Benito Juárez, quien además de ser un indígena de origen humilde, le tocó vivir una de las peores épocas de la historia de México, en lo que a pobreza se refiere. Simplemente recordemos que la segunda intervención francesa a nuestro país se inició cuando el Presidente Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa en 1861, medida que adoptó en un momento de inspiración patriótica, pero sobre todo debido a que no había dinero para pagar, pues la guerra de reforma nos había dejado prácticamente en la ruina. Fue una medida patriótica dictada por la necesidad.

Juárez proponía la honrada medianía que proporciona la retribución justa por el trabajo, por encima de las fortunas improvisadas de origen incierto que acarrean el ocio y el desenfreno. Decía: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Los historiadores describen al Presidente Juárez como un personaje que vestía con sobriedad y sencillez, por lo que resaltaba el profundo contraste con Maximiliano de Habsburgo, que cargaba con todo el aparataje imperial que las cortes europeas de la época solían lucir; pero sobre todo era un hombre consciente de las limitaciones económicas en las que se debatía la Nación, por lo que ser frugal con el gasto público era un asunto prioritario de austeridad republicana.

La semana pasada salió a relucir el asunto de la asignación de una pensión vitalicia para los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual fue aprobada mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, supuestamente de manera irregular, porque ni siquiera se dieron cuenta los legisladores a qué hora “se las colaron” de manera subrepticia entre todo el paquete de la reformas a las leyes secundarias en materia electoral.

Resulta inverosímil para todo ciudadano con dos dedos de frente esa extraña forma de legislar sobre las rodillas, esa forma apresurada de sacar reformas por kilo, supuestamente consensadas, que provoca que se cometan este tipo de errores por no poder leer “tanto papeleo”.

Pero el fondo del asunto es que intentaron otorgar un privilegio más de los que ya poseen los susodichos Magistrados. Ellos son de los funcionarios, junto con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con salario más elevado en la burocracia nacional. Perciben 4 millones 206 mil pesos al año, entre salario, prestaciones y bonos de riesgo, y como nada más duran en su cargo 10 años, había que protegerlos con salario vitalicio para el resto de su vida.

Los Magistrados en su defensa afirmaron que no se trataba de una “pensión vitalicia” sino de un “fondo de retiro”, que son respetuosos de las deliberaciones pluripartidistas representadas en el Congreso de la Unión y que ellos no negociaban el ejercicio de su función jurisdiccional. La verdad es que, ante la envestida general en contra de esa canonjía, debieron haber renunciado de manera clara y contundente, a cualquier gestión, dádiva, pensión, fondo o como se le quiera llamar, de cualquier otro poder, grupo o partido interesado en beneficiarlos, para salvaguardar el prestigio de su investidura y la independencia de la función que desempeñan. Pero sólo vimos una tibia respuesta refunfuñona.

Los cuestionamientos a esta intentona de aprovecharse de los recursos públicos para beneficiar todavía más a los que más tienen, debe no solamente reprobarse sino motivar un análisis más amplio respecto de la política general de los salarios de los servidores públicos, para hacer efectiva la práctica juarista de la Austeridad Republicana pues, ese desequilibrio en los ingresos en un país con 50 millones de pobres, resulta insultante. A fin de cuentas nuestros legisladores tuvieron que dar marcha atrás y ya preparan una enmienda que permita “defacer” este entuerto.

Cuando se habla de una justa distribución de la riqueza, entiendo que se refiere precisamente a esto: a encontrar mecanismos institucionales para que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, o en palabras del Generalísimo José María Morelos: Moderar la Opulencia y la indigencia. Debería haber una intervención del Estado para que en todos los ámbitos de la vida pública y privada se trabajara en ese sentido, recortando las grandes percepciones e incrementando los salarios mínimos y los ingresos de la gente que menos gana.

Parece sencillo, trabajar en este sentido requeriría una reordenación total de las cosas. La mezquindad humana suele aferrarse a sus pequeñas conquistas, poniendo trabas a todo cambio que signifique sacrificio personal.

Pero ¡ay!, de momento sólo nos queda repetir el famoso estribillo agregado al conocido danzón del compositor chiapaneco Esteban Alfonso “No debió morir”: “Juárez no debió Morir, ay de morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, ay, muy feliz”.

luissigfrido@hotmail.com

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