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Columna: ¿Quién tendrá las agallas?

17 de abril, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Mauricio Merino

La evidencia nos dice que el medio más frecuentado para mitigar un escándalo es la construcción de otro escándalo. Esto es así, porque el llamado “cuarto poder” no siempre actúa a favor de la transparencia y la honestidad, sino que con frecuencia contribuye al ruido que de manera deliberada inyecta confusión entre la opinión pública. Por supuesto que siempre será preferible la más amplia libertad de expresión. Pero no es cosa fácil escarbar entre las noticias que informan y documentan, de las notas, los testimonios y las opiniones que están construidas para estorbar y ocultar la verdad.

Y menos aún, cuando el dinero público y los favores fluyen con generosidad hacia los medios de comunicación, mientras la información sobre esos flujos multimillonarios se esconde, se limita o simula, como lo han probado una vez más los informes publicados por Fundar y Artículo 19. La tercera edición del Indice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas —escrito por Ana Cristina Ruelas y Justine Dupuy y publicado este mes— “confirma la opacidad, la ausencia de reglas y el incremento del gasto en este concepto —la publicidad oficial pagada a los medios locales— al amparo de una deficiente justificación y carente regulación. En 2012, 26 entidades ejercieron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial y no se conoce el destino del 53% de este gasto”. Y no sobra añadir que ese dinero fue mayor en más de 2 mil millones de pesos al originalmente aprobado en los presupuestos de egresos de esos gobiernos locales.

Hacer alianzas con los medios locales es caro y no siempre favorable para los poderosos. No lo es, porque detrás de esos intercambios entre publicidad oficial y simpatía comprada en los medios —o, al menos, una amistosa interlocución con algunos directivos, columnistas y articulistas selectos— hay inevitablemente una mecánica de chantaje. Y es que esas relaciones no están basadas en la convicción compartida, sino en los intereses. Y “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”. De modo que todos los días hay un refrendo de esos frágiles vínculos, que pueden cambiar tanto y tan rápido como el monto de las cuentas bancarias en las que se sostienen.

El único antídoto disponible para combatir esa mecánica combinada de presión y chantaje es la transparencia y la información fidedigna. Poner todos los datos públicos a la disposición de la gente y divulgarlos en serio, mediante una estrategia deliberada para contrarrestar la mecánica del chantaje, no sólo le ahorraría mucho dinero al erario, sino muchos dolores de cabeza a los gobernantes y le imprimiría mucha más calidad al ejercicio democrático de la autoridad pública. En lugar de sacar cheques para comprar espacios y plumas, los gobiernos podrían producir más y mejor información para todos; en lugar de diseñar la estrategia para paliar el siguiente escándalo, podrían ofrecer datos puntuales; en vez de acallar a sus críticos, tendrían que derrotarlos con la verdad. Pero, claro, todo eso sería posible si los gobiernos no tuvieran nada que esconder y si los políticos no tuvieran razones para ocultarse.

Con todo, algo se está moviendo en la dirección adecuada. La apertura de la información es cada vez más inevitable y la sociedad tiene muchos más medios para enterarse y divulgar —incluyendo a las redes sociales— su propia versión de los hechos públicos, aunque sigan corriendo ríos de dinero por los cauces tradicionales. De modo que cada vez será más inútil, más absurdo o más evidentemente corrupto, seguir pagando millonadas para inventar verdades a modo. El primer gobernante que comprenda que está tirando el dinero y se atreva a abandonar la mecánica del control y el chantaje, para instaurar en cambio un verdadero sistema de rendición de cuentas abierto, se llevará el gato al agua.

¿Pero quién tendrá las agallas para dar el primer paso?

 

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