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Columna: Fiscalización en leyes secundarias

14 de abril, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Alfredo Cristalinas Kaulitz

En las leyes secundarias de la reciente reforma constitucional en materia política-electoral, el apartado de la fiscalización deberá garantizar el principio de equidad. Aquí presento algunas ideas para lograrlo.

En primer término, debe de regularse la distribución equitativa del gasto centralizado de campañas, eliminando la discrecionalidad de su distribución de la que actualmente gozan los partidos políticos. Asimismo, es necesario transitar del procedimiento de autodeterminación de los gastos que realizan los propios institutos políticos, a la determinación por autoridad con información de terceros.

Para lograrlo se requiere trabajar en forma conjunta en la triada formada por: Rendición de Cuentas, Facultades de Comprobación y Transparencia. En Rendición de Cuentas, la reforma constitucional estipula lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos. Para cumplir con tales disposiciones constitucionales, la legislación secundaria deberá considerar cinco asuntos.

Primero, establecimiento de un solo sistema de contabilidad que considere el Manual de Contabilidad, la aplicación de las Normas de Información Financiera y el Catálogo General de Cuentas. Segundo, establecimiento del Presupuesto Basado en Resultados.

Tercero, implementación de una plataforma tecnológica para el registro de operaciones y digitalización de comprobantes en línea. Cuarto, armonización en la presentación de informes de campaña en un plazo menor al actual (se sugiere 10 días posteriores al término de las campañas), o bien, el establecimiento de cortes contables convencionales para dar definitividad al proceso contable y detonar así las facultades de comprobación con efectos vinculantes.

Quinto, mecanismos para hacer pública la información, las características de la misma y los plazos para su publicación y conservación.

Con relación a la presentación de informes de campaña, las iniciativas de leyes secundarias a la reforma electoral presentadas por PAN, PRI-PVEM y PRD otorgan diversos plazos a las tareas de fiscalización. El PAN otorga 113 días para las etapas de presentación de informes, su revisión, elaboración del Dictamen Consolidado y presentación al Consejo General del IFE. Por su parte, la iniciativa PRI-PVEM concede 29 días a dichas etapas y la iniciativa del PRD 40 días.

Considerando que la elección de 2015 será el 7 de junio, las diferentes iniciativas proponen presentar el Dictamen Consolidado al Consejo General en la siguientes fechas del mismo 2015: PAN, el 11 de noviembre, PRI-PVEM, 16 de julio, y el PRD, el 28 de julio.

En los casos de las propuestas del PRI-PVEM y del PRD, se hace énfasis en que la fiscalización debe realizarse de manera concomitante con el desarrollo de las campañas electorales. Si el propósito de la fiscalización es contar con sus resultados antes de la calificación de la elección, la propuesta del PAN queda fuera de esa posibilidad.

Con relación a las Facultades de Comprobación, la reforma constitucional establece que la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral, así como la comprobación de los avisos previos de contratación de bienes y servicios de los sujetos regulados.

Para lograr tales disposiciones constitucionales es necesario, como ya se mencionó, recortar los plazos en la entrega de los informes, así como el establecimiento de una contabilidad en línea que incluya la digitalización de comprobantes.

Además, es indispensable recortar los plazos de fiscalización, a fin de elaborar una determinación antes de la calificación de la elección. Para ello se requieren tres condiciones. Primera, obtención de reportes de empresas con operaciones con partidos políticos, coaliciones y candidatos de manera mensual, como ocurre con avisos del SAT.

Segunda, calificación de proveedores y prestadores de servicios para eliminar el riesgo de realizar operaciones con empresas fachadas. Tercera, facultad de aseguramiento de cuentas bancarias a quienes se opongan al ejercicio de las facultades de comprobación.

En cuanto al tercer elemento de la triada, la Transparencia, la Constitución establece que la ley debe prever los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y validación de contrataciones realizada por la autoridad electoral.

Aquí es importante señalar que la reforma al artículo sexto de nuestra Constitución incorpora a los partidos políticos como sujetos obligados de la ley, de tal suerte que es necesario que la legislación respectiva sea congruente con las leyes que en materia de transparencia se emitan próximamente.

Finalmente, las leyes secundarias de la actual reforma electoral deben permitir el escrutinio ciudadano oportuno y crítico del cumplimiento normativo en el uso de los recursos por parte de los actores políticos. Esto fortalecería nuestra democracia.

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