Autodefensa, ilegal y al margen de la ley: Reyna

Redacción web / La Voz de Michoacán.
El gobierno de Michoacán, tiene como propósito resguardar la integridad física y la vida de los michoacanos, por lo que celebra la participación ciudadana en materia de seguridad, siempre y cuando las acciones se realicen en estricto apego a la Ley; así lo manifestó el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del estado, respecto a la aparición de las autodenominadas policías comunitarias en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, manifestó que este fenómeno no afecta la gobernabilidad en dicha zona, al tiempo que reconoció que es una situación delicada que ya está siendo atendida por el gobierno estatal en estrecha coordinación con la Federación y los ayuntamientos.

Reyna García afirmó que tal como lo ha señalado el gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, para reconocer a las guardias comunitarias dentro del marco jurídico, debe establecerse un proceso legal que inicia con la selección de sus integrantes, que éstos aprueben los exámenes de control y confianza, se capaciten y, aprobado este paso, se vinculen con las policías municipales de sus respectivas demarcaciones.

El funcionario estatal externó su reconocimiento a la participación ciudadana como un mecanismo de alerta que permite la intervención oportuna de las fuerzas estatales, no así cuando se constituyen en grupos que actúan al margen de la Ley y “buscan hacer justicia por su propia mano”.

Refirió que la participación ciudadana nunca ha sido negativa ni despreciable en materia de seguridad pública, al contrario, coadyuva en el cumplimiento de los objetivos de seguridad y tranquilidad, lo cual se puede evidenciar en los mecanismos a que están recurriendo las comunidades indígenas.

No obstante, Jesús Reyna aseveró que cuando esa autoprotección se convierte en una forma de buscar justicia por su cuenta que puede dar lugar a conflictos de carácter delictivo, el gobierno del estado tiene toda la facultad y obligación de perseguirlos e investigarlos.

Para finalizar, destacó que la administración estatal privilegia hoy por hoy, la preservación del derecho a la vida, a la tranquilidad e hizo un llamado a estos grupos para que depongan su actitud y se ciñan a los caminos de la ley; mientras que a quienes operan legítimamente en las comunidades indígenas, los exhortó a que comiencen un proceso de diálogo para su regulación.

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