ACTOS INQUISITIVOS

Josè Odilòn Juàrez Tovar

El lunes once del presente mes y año, en la Editorial de este medio informativo se hizo un comentario acerca de algunas actividades poco menos que de carácter inquisitivo respecto a la actuación del Consejo del Poder Judicial de Michoacàn, refiriéndose al cambio que debería realizarse en su actuación para adecuarse al nuevo modelo del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, de obligación para los tribunales de toda la Repùblica por mandato constitucional de fecha 18 de junio de 2008.
Se menciona en dicho comentario, que “…los magistrados, jueces y demás personal del Poder Judicial de Michoacàn viven bajo el terror de una autoridad inquisitiva, le tienen màs miedo (al Consejo del Poder Judicial) que cualquier persona común a un arbitrario agente del ministerio público…”. Esta frase revela lo que le ocurre a la ciudadanía en general respecto a la afectaciòn permanente de algunos elementos de la Procuradurìa General de Justicia en el Estado, reflejados en los abusos que cometen, tanto los agentes del Ministerio Pùblico, como los agentes ministeriales a sus òrdenes, que trajeron como consecuencia la liberación de la francesa Florence Cassez y ahora la multitud de amparos solicitados por secuestradores y otros delincuentes, ya sentenciados, alegando violaciones a sus derechos humanos. Pero este es otro problema.
El que nos ocupa es la actuación del Consejo del Poder Judicial en el Estado en relación con los trabajadores de todos los niveles del Poder Judicial, que efectivamente se verìan frustrados si, cuando se pongan en marcha los juicios orales, persiste una institución con formas inquisitivas; o sea el Propio Consejo, al que según esa frase se le tiene màs temor que a cualquier otra autoridad represiva, cuando debería ser el ejemplo del cambio.
En el editorial que se comenta, se menciona el caso de dos jueces sancionados; Arnulfo Torres Delgado, quien les ganó un amparo y el Juez J. Jesùs Ochoa âlvarez, a quien habían sancionado con una suspensión de seis meses, vìctima de una queja completamente improcedente, en donde se puso en evidencia al Consejo, no solamente porque su resolución fue declarada violatoria de Garantìas Individuales en contra del sancionado, mediante un amparo solicitado por el Juez, sino que todavía se rebajò a recurrir la argumentación del Juzgado de Distrito que concedió el amparo mediante el Recurso de Revisiòn ante un Tribunal Colegiado, el que, para vergüenza del Consejo, ratificò la resolución del Juez de Amparo. Aquì corrijo lo que se menciona en el editorial en comento, ya que no se tratò de que el Consejo del Poder Judicial se hubiese “apiadado”del Juez Ochoa Àlvarez, sino que tuvo que aceptar, tal vez a regañadientes, la resolución del Poder Judicial Federal con la que quedò en evidencia, al igual que el promovente de la queja que pretendió que “le cortaran la cabeza” al juzgador, que afortunadamente quedò debidamente amparado.
Y todavía existe un detalle que no se sabe si ocurrió. Lo menos que deben hacer los miembros del Consejo, es pedir disculpas a los sancionados y después reivindicados por la Justicia Federal, publicando además en los medios necesarios la inocencia de los funcionarios moralmente dañados, limpiando asì su imagen ante quienes conocieron de tan inquisitivos actos.
Todavìa màs. El viernes 22 de los corrientes en el reporte del último informe del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Presidente del Consejo, Doctor en Derecho Alejandro Gonzàlez Gòmez, se mencionò que el Consejo del Poder Judicial del Estado ordenò 7 destituciones, 3 inhabilitaciones, 40 amonestaciones por escrito y 78 sanciones económicas durante el año de 2012, pero ¿Alguno de estos sancionados recurrió la resolución que le afecta? Algùn recurso estarà en tràmite? O solamente están sancionados los que por falta de asesoría, de dinero o por desconocimiento de sus derechos no se ampararon. Lo màs probable, a juicio del suscrito, es que por temor a represalias no reclamaron.
Valdrìa la pena investigar a fondo hasta donde llega la responsabilidad y abuso de nuestro Consejo del Poder Judicial del Estado, para ver cuantas de sus sanciones han sido revocadas por medio del amparo y cuantas otras se encuentran en la impunidad porque no fueron recurridas.
Correo electrónico : vickys3110@hotmail.com

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